En un contundente fallo judicial, se ha ordenado la suspensión inmediata de las explotaciones mineras ilegales que se llevan a cabo en la vereda Curital del municipio boyacense de Socha. La decisión, dirigida al alcalde del municipio, responde a una demanda presentada por un ciudadano preocupado por la actividad minera no autorizada que ha causado daño ambiental irreversible en la región.
El demandante, cuya identidad no ha sido revelada, alertó sobre la ejecución de trabajos de minería ilegal en la vereda Curital durante más de dos años, subrayando la ausencia de un título inscrito para la explotación de carbón en la zona. El fallo del juez destaca la necesidad de coordinar con otras entidades estatales para evitar posibles acciones de hecho durante el proceso de sellamiento de las operaciones mineras ilícitas.
La sentencia aclara que no se ha demostrado negligencia u omisión por parte de la autoridad municipal, ya que el demandante reconoció la coordinación con las autoridades ambientales y el municipio para suspender o cerrar la actividad minera. Sin embargo, el fallo destaca una errónea interpretación por parte del juez de primera instancia en cuanto a la imperatividad e inobjetabilidad del deber jurídico de la autoridad municipal.
La Sala de Decisión del Tribunal enfatizó que el procedimiento que rige el artículo 306 del Código de Minas, al cual hace referencia la demanda, es un proceso administrativo en el que la autoridad de policía debe actuar de manera inmediata ante la notificación de actividades ilícitas. Contrariamente, el artículo 307 y siguientes se refieren a un mecanismo de amparo diferente y totalmente independiente.
El fallo resalta la necesidad de que el alcalde cumpla con el artículo 306 del Código de Minas, un mandato que impone una obligación de cumplimiento permanente. Es decir, la suspensión de las explotaciones ilegales debe ejecutarse cada vez que se tenga conocimiento, ya sea directamente o por aviso de un tercero, de la práctica ilícita en los yacimientos estatales.
En este contexto, el Tribunal hace hincapié en que la orden judicial busca garantizar el respeto al dominio estatal sobre los yacimientos y proteger el interés general. La sentencia marca un precedente en la lucha contra la minería ilegal y destaca la importancia de la pronta y efectiva intervención de las autoridades para preservar el medio ambiente y los recursos naturales en la región de Socha.