Durante una contundente audiencia pública sobre la “Situación Minera en Colombia”, celebrada en el municipio de Ubaté (Cundinamarca), representantes de comunidades, gremios, empresarios y líderes sociales de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander se unieron para rechazar las áreas de reserva minera que el Gobierno Nacional pretende imponer a través del Decreto 044 y otras normativas ambientales. Según los denunciantes, esta medida se estaría llevando a cabo sin la debida concertación con las comunidades afectadas y en contra del espíritu del Acuerdo de Escazú, el cual establece la obligación de realizar consultas previas en este tipo de decisiones.
El evento, que contó con la participación de más de 35 intervenciones de representantes de cinco departamentos, puso de manifiesto el rechazo generalizado hacia las áreas de reserva minera propuestas por el Ministerio de Ambiente, que buscan prohibir actividades extractivas en ciertas zonas hasta por 10 años. Estas medidas, según los asistentes, no solo carecen de un sustento técnico adecuado, sino que también se implementan sin un proceso de consulta que garantice la participación de las comunidades locales, lo que, aseguran, es una violación directa al Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo de Escazú y la falta de consulta previa
El Acuerdo de Escazú, ratificado por Colombia en 2020, es un tratado internacional que promueve el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. En la audiencia, se destacó que la imposición de áreas de reserva sin el consentimiento ni la participación de las comunidades afectadas contraviene este compromiso internacional, que exige una consulta previa, libre e informada.
El representante de Cundinamarca, Julio Roberto Salazar Perdomo, organizador principal de la audiencia, subrayó que el sector minero enfrenta un panorama incierto debido a la falta de claridad sobre su futuro. “El país está debatiendo el futuro del sector minero. Hay mucha incertidumbre, y no hay claridad sobre el futuro de un sector que da empleo, genera regalías y dinamiza las economías locales, y del cual dependen muchas familias en todo el país”, señaló.
Las consecuencias de las áreas de reserva
El rechazo a las áreas de reserva no solo proviene de los pequeños y medianos mineros, sino también de organizaciones sociales que consideran que estas medidas no garantizan la conservación ambiental, sino que, por el contrario, pueden fomentar la ilegalidad. Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte en Santander, denunció que la implementación de estas áreas de reserva sin consulta afectaría directamente a las comunidades mineras, que ven en la minería una fuente de sustento económico y cultural.
“En Soto Norte, por ejemplo, se pretenden declarar 78 mil hectáreas como reserva, afectando a más de 29.000 personas. Estas comunidades viven de la minería y este decreto amenaza con acabar con su identidad, sus tradiciones y su medio de vida”, explicó Maldonado. Además, advirtió que las únicas personas que se beneficiarían de estas áreas de protección serían los actores ilegales, que operarían sin ningún control ni responsabilidad.
La minería responsable frente a la ilegalidad
Durante la audiencia, se dejó claro que las comunidades mineras no están en contra de la conservación ambiental, sino que exigen una regulación adecuada y la promoción de una minería legal y responsable. Los líderes sociales y mineros coincidieron en que las áreas de reserva no solo generan inseguridad y riesgo para el medio ambiente, sino que también empujan a las comunidades hacia la ilegalidad, lo que aumenta la contaminación y reduce la capacidad de control y tributación en los territorios.
“Las áreas de reserva que quiere imponer el Ministerio de Ambiente no garantizan la conservación, sino que crean un vacío de legalidad, lo que genera ilegalidad, contaminación e inseguridad. Necesitamos una concertación real con las comunidades para que podamos avanzar en una minería responsable”, concluyó Maldonado.
Un llamado a la concertación
Al final de la audiencia, los asistentes exigieron al Ministerio de Ambiente que se sentara a la mesa con las comunidades y organizaciones sociales para desarrollar políticas públicas que realmente promuevan la conservación sin afectar a las familias que dependen de la minería legal. “Lo que necesitamos es diálogo, no imposición. Solo a través de la concertación podremos encontrar soluciones que sean justas para todos, y que no dejen a miles de familias sin un medio de vida”, expresó uno de los representantes de los gremios mineros.
La controversia sobre las áreas de reserva minera continúa siendo uno de los temas más delicados para las comunidades del país, y con la denuncia de su posible vulneración del Acuerdo de Escazú, se intensifica el llamado a la participación y a la toma de decisiones en conjunto.