El Concejo Municipal de Tenza, Boyacá, se encuentra bajo el escrutinio público tras la anulación de un acuerdo que otorgaba un alivio del 80% en los intereses de mora del Impuesto Predial Unificado (IPU) correspondiente al año 2022 y anteriores. El Tribunal determinó que la medida, adoptada sin una justificación clara de emergencia o excepcionalidad, era inconstitucional y violaba principios fundamentales de equidad y justicia tributaria.
En el acuerdo 022, fechado el 15 de noviembre de 2023, el Concejo argumentó que la reducción de los intereses moratorios permitiría generar mayores ingresos mediante el recaudo de impuestos pendientes. Sin embargo, no presentó un estudio fiscal detallado ni un análisis del impacto económico de la medida. Además, la referencia a la pandemia de COVID-19 como justificación para la amnistía no fue suficientemente desarrollada ni vinculada a las vigencias 2022 y anteriores, período en el que no se encontraba vigente la emergencia económica.
El Departamento de Boyacá, junto con el Ministerio Público, señaló que la medida carecía de una fundamentación excepcional que justificara un trato preferencial a los contribuyentes morosos. En lugar de ello, se limitó a mencionar los beneficios de un mayor recaudo sin analizar los efectos fiscales que podría generar tal decisión. Además, la Corte Constitucional había establecido previamente que las amnistías tributarias solo podían aplicarse a impuestos cuya exigibilidad hubiera comenzado durante la emergencia sanitaria.
Con esta sentencia, el Tribunal de Boyacá subraya la importancia de mantener el principio de igualdad fiscal, asegurando que no se debe premiar a quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias a costa de quienes sí lo hacen. La invalidez del acuerdo representa una victoria para la justicia tributaria, aunque los efectos de la decisión no afectarán situaciones jurídicas ya consolidadas.
El caso ha desatado un debate sobre las prácticas fiscales de los municipios y el manejo de la deuda tributaria, y pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión fiscal local.